PROVIDA PRESS – 30/12/06 - El derecho a la vida no depende de las leyes. De lo contrario, sería algo sometido al arbitrio de los parlamentos, de los grupos de poder, de las sentencias de los jueces.
Mary Roche, de 41 años, había acudido hace 4 años a una clínica de fecundación artificial. En la clínica habían quedado tres embriones congelados, tres hijos de Mary y de su esposo Thomas. Como ambos se habían separado, cuando Mary quiso liberar de la congelación a los embriones, su ex-esposo se negó y ella tuvo que recurrir a los tribunales.
La querella de los dos esposos por sus hijos congelados llegó a la Alta Corte de justicia de Irlanda, que acaba de dictar sentencia (hecha pública el 15 de noviembre de 2006). Según los jueces, los embriones fuera del seno materno, los embriones congelados, no tendrían "derecho" a vivir, a ser salvados y transferidos a la madre que solicita su liberación. Mary no puede hacer nada, al menos por ahora, en favor de sus tres hijos "prisioneros" de la técnica.
La sentencia, podemos suponer, habrá sido sopesada seriamente. Habrá considerado las leyes vigentes en Irlanda en lo que se refiere a la tutela de la vida de los no nacidos y las implicaciones que se siguen de las distintas opciones. Pero la justicia no puede depender del formalismo jurídico, ni de la búsqueda de la "coherencia" legal respecto de aquellos temas que se refieren a un derecho humano fundamental: el derecho a la vida.
Por lo mismo, los embriones congelados gozan de un valor que va más allá del reconocimiento legal o de las sentencias judiciales. Son "sujetos", no "cosas" u "objetos" cuya existencia dependa de las decisiones libres de otros. Su valor intrínseco interpela a los ciudadanos, especialmente a los padres, a buscar maneras para defender su vida y su salud. Exige, además, que se modifiquen aquellas leyes injustas que no los tutelen en su dignidad humana, o que incluso puedan permitir su destrucción o su uso (tratándoles como "animales de laboratorio") en experimentos abusivos.
En función del valor de la vida de cada ser humano hay que dar un paso ulterior, que puede parecer difícil dada la excesiva difusión de técnicas de fecundación artificial: prohibir cualquier técnica que provoque daños o peligros sumamente graves para la vida de los embriones.
El reciente caso de Irlanda, un país tradicionalmente defensor de la vida, es sólo un botón de muestra de las muchas contradicciones que surgen cuando se admite la fecundación extracorpórea y la congelación de embriones. Ambas técnicas deben ser prohibidas en orden a garantizar al hijo aquella concepción que respeta su dignidad; es decir, aquella concepción que tiene lugar en el seno materno y en el contexto propio de una sana vida matrimonial, abierta a la llegada de cada uno de los hijos, don de Dios y plenitud del amor humano (P. Fernando Pascual, LC. Profesor de Filosofía en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum).
También otra mujer británica acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se le permita que se le implanten los seis embriones congelados que creó hace años junto con su marido, ahora divorciado de ella y que se niega a darles la posibilidad de nacer. Natallie Evans quedó estéril tras un tratamiento por cáncer de ovario, y lucha ahora por el derecho a criar a sus hijos, seis embriones concebidos por fecundación artificial con quien era su pareja en aquel momento, Howard
Johnston.
Tras la separación de la pareja, Johnston no sólo retiró su consentimiento para la implantación de los embriones, sino que además pidió su destrucción. Según las leyes británicas, el padre y la madre deben dar su consentimiento para la implantación. La legislación prevé su destrucción tras cinco años congelados. Durante años, Evans ha luchado por el derecho a salvar a sus embriones. Los tribunales británicos no le han dado la razón, así que ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Es mi última instancia", ha dicho Evans (ALBA, 117-XII-2006).
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