Es para quienes hayan sufrido violencia sexual, pero no están obligadas a denunciarla. (comiteprovida.org)
Una medida del gobierno brasileño, que acaba de salir, legaliza en la práctica el aborto en los hospitales públicos. En realidad, la resolución da luz verde para que los médicos interrumpan el embarazo con la única condición de que las mujeres digan que fueron víctimas de estupro.
Es que a partir de ahora las brasileñas no tendrán necesidad de demostrar que sufrieron violencia sexual. No precisan hacer la denuncia policial ni judicial, ni tampoco aportar documentos probatorios de que hubo violación.
En esas condiciones, "cualquier mujer podrá abortar en cualquier circunstancia, haya existido estupro o no", declaró ayer Amaury Castanho, un obispo católico, citado por el diario Folha de San Pablo.
La medida oficial cubre las espaldas de los profesionales de la salud. Dice, explícitamente, que los médicos no deben temer consecuencias jurídicas en caso que se descubra que el embarazo interrumpido no fue resultado de estupro.
En Brasil, el problema del aborto se ha convertido en un asunto público central. La interrupción del embarazo constituye la quinta mayor causa de internaciones en los hospitales públicos.
Las estadísticas son todavía más crueles: el aborto clandestino, ilegal, es la tercera causa de muerte materna en Brasil. Este país ocupa el lugar 65 en el ranking de naciones de fallecimiento de mujeres embarazadas: son ciento cuarenta muertes maternas por cada cien mil niños nacidos vivos. Es un nivel muy superior al de países con mayor pobreza relativa como Cuba o Uruguay.
La legalización de hecho del aborto, por la norma que acaba de emitir el Ministerio de Salud de Brasil, se basa en realidad en el Código Penal brasileño. Este no exige a las mujeres que denuncien haber sido víctimas de estupro.
Basta entonces que la brasileña alegue haber sido víctima de una violación para que los médicos de la red pública de salud deban atenderla.
Esta nueva regulación sustituyó una regla anterior de 1998, firmada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, que obligaba a las mujeres a denunciar en la policía los casos de violencia sexual para poder acceder al aborto realizado en un centro público.
Con todo, la resolución del gobierno de Lula establece algunas directivas: dice que los médicos deben "orientar" a la víctima a realizar la denuncia policial y judicial.
Pero enseguida advierte que en caso en que la mujer no quiera hacer la declaración policial, los médicos no "pueden negarle el aborto". La norma especifica claramente que los médicos no pueden dejar de atender a la mujer aún cuando no encuentren evidencias físicas del estupro.
Esto es lo que puso los pelos de punta a algunos obispos católicos brasileños.
No obstante, la medida deja abierta una salida para aquellos profesionales cuyas convicciones religiosas les impidan interrumpir embarazos: el profesional puede plantear objeción de conciencia.
La norma del Ministerio de Salud puso en situación de guerra a varios grupos religiosos que acusan al ministro Humberto Costa de promover y estimular la práctica del aborto.
Costa reniega de esas acusaciones: "No promovemos ni alentamos el aborto. Lo que pretendemos es garantizar la vida de millares de mujeres". La asesoría técnica del ministro afirma que la norma sobre el aborto legal fue ampliamente discutida y revisada por abogados del gobierno. "Se sujeta estrictamente a la ley", afirmó una fuente del ministerio consultada por este diario.
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