Por Jorge Scala
En el Congreso Nacional y varias Legislaturas Provinciales -como la de Córdoba-, se han diversos proyectos de ley, para crear un registro de las uniones entre homosexuales, y beneficiar económicamente a los allí registrados. Conviene subrayar que la Constitución Nacional reformada en 1994, receptó diversos tratados de derechos humanos, que forman parte de nuestra Carta Magna. Obviamente, ninguna ley nacional y mucho menos provincial, puede contradecirlos. Así el matrimonio y/o el casamiento son derechos reservados -exclusivamente-, a las parejas heterosexuales, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual "reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia" (art. 23, inc. 2), y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 16, inc. 1.
Estas normas de rango constitucional, se corresponden con la naturaleza humana. En efecto, sólo las parejas heterosexuales permiten asegurar la supervivencia de nuestra especie, al engendrar los hijos que nos sustituirán en el futuro. Y esto es lo que le interesa al derecho: regular las conductas humanas, para proteger el hoy y el futuro de la sociedad. Los afectos no se regulan, pues exceden el campo jurídico. Esto es obvio: ninguna ley puede obligar a nadie, a amar a su cónyuge ni a sus hijos, aún cuando dicho amor sea lo ideal. Es decir que basta el compromiso de fidelidad, convivencia y apertura a la vida, para contraer matrimonio; la felicidad no se impone por ley...
Ahora bien, el hecho que los homosexuales en la Argentina, por mandato constitucional, no puedan casarse -porque ellos así lo decidieron libremente, al negarse a procrear al modo humano-, no impide considerar si esas uniones podrían registrarse ante el Estado. Para eso es importante subrayar, que los registros públicos no anotan todos los actos humanos -que son casi infinitos-, sino sólo aquéllos en los que esté en juego el bien común; es decir, el bien objetivo de toda la sociedad. Así se registran los nacimientos y defunciones de las personas físicas, pues esos hechos marcan el inicio y el fin de nuestros derechos. También se registran los matrimonios y sus avatares -nulidad, separación, divorcio-, pues esta institución, como ya dijimos, asegura la supervivencia de la sociedad. En cuanto a los bienes, se registran los inmuebles, y algunos bienes muebles, por su importancia patrimonial. Los afectos humanos -muy nobles, sin duda-, no se registran: nunca y en ningún lugar del mundo se registraron los amigos, ¿y quien no los tiene?...
Es preciso preguntarse ahora: ¿es bueno para todos los ciudadanos, registrar las uniones de quienes se desentienden, del futuro de la sociedad?. Digámoslo con franqueza: fuera de los homosexuales -para "autoblanquear" su por demás curiosa afectividad-, ¿a quién puede importarle o servirle tal registro?; ¿qué dato relevante para la comunidad se sacaría de dichas anotaciones?... Dejemos de una vez toda hipocresía y hablemos claro: el homosexual activo ejerce su genitalidad al margen del bien común, al excluir por definición, toda posibilidad de procrear. Esta es una actitud antisocial; tan antisocial que, si todos fuéramos homosexuales, en una generación se acabaría la especie humana. Y esto es incontrovertible.
Ahora bien, ¿a quién se le puede ocurrir crear un registro estatal -con el siempre insuficiente dinero de todos-, para registrar uniones sexuales que impiden el progreso social?. Si se trata de elevar la autoestima de quienes tienen esa actitud vital…, pues bien, que ellos funden, regulen y paguen "su" registro privado. Sin ánimo de ofender, y a sólo título de ejemplo, recuerdo al lector que los registros de las razas equinas, bovinas y caninas, son todos privados; aquí y en la China. Lo que resulta inadmisible es que se use nuestro dinero, para pagar la vanidad, de quienes se oponen al futuro de nuestra comunidad.
El proyecto nacional pretende otorgar a las uniones del mismo sexo, la facultad de adoptar niños. Dicho de otro modo: quienes han elegido como proyecto vital el uso de los genitales de modo que les sea imposible procrear, reivindican para sí el "derecho" de adopción. Sin duda han logrado arrasar todos los principios de la lógica humana… Pero hay más: la Convención sobre los Derechos del Niño, también ella de rango constitucional, prevé que en todo lo atinente a los menores de 18 años, debe estarse siempre al "interés superior del niño". Ahora bien, la adopción es el instituto según el cual a un niño abandonado, se le encuentran los padres más adecuados. La propuesta legislativa es exactamente la contraria: a unos "no padres" por elección, se les entrega un niño que les haga creer que son padres, aún a costa de la mala educación y salud mental del menor… ¿Dónde quedó el "interés superior del niño"?. Los proyectistas no lo saben y nosotros tampoco…
En verdad, hay otra "picardía" del "lobby rosa". Los proyectos de ley prevén otorgar, a las uniones homosexuales registradas, los mismos beneficios laborales y de seguridad social, que corresponden a los matrimonios. Es decir que se otorgarían licencias para trabajar menos días -en detrimento evidente del empleador, sea estatal o privado- y, además, las cajas de seguridad y previsión social, deberían desembolsar sumas extras, para engrosar los bolsillos del colectivo gay, sacando ese dinero a los matrimonios y familias cordobesas. Dicho sin eufemismos, se busca quitar parte de las pensiones a las viudas -que no trabajaron fuera del hogar, pues se dedicaron a la crianza y educación de sus hijos-, para transferírselas a quienes nunca quisieron tener hijos, ni criarlos, ni educarlos. Esto es radicalmente injusto y por ello mismo, un dislate político y jurídico.
Una última observación: los peores pecados de la cultura postmodernista parecen ser: fumar, comer carne vacuna y discriminar. De todos ellos, el peor de todos es discriminar. Al punto que todo discriminador arbitrario, jura y perjura no discriminar. Por una vez digamos la verdad: en el tema analizado, los únicos discriminadores injustos, son los homosexuales -y sus corifeos sedicentes representantes populares-. En efecto: pretenden un trato frente a la comunidad, como si beneficiaran a la sociedad, cuando en realidad la ponen en peligro de extinción; y, además, reivindican los beneficios económicos propios de quienes sacrifican sus posibilidades, tiempo y dinero por sus hijos, cuando ellos reniegan por principio, de toda posibilidad de procrear. Visto desde el punto de vista social, los proyectos de ley estudiados, son verdaderamente suicidas. Desde el punto de vista jurídico, estamos frente a iniciativas radicalmente injustas y arbitrarias, contrarias al bien común y a la Constitución Política de la República Argentina.
